El conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la presunción de inocencia, ambos derechos fundamentales, no es trivial, pues están en juego valores básicos de convivencia social. El derecho a la presunción de inocencia puede que sea menos visible que el derecho a la información, pero es igualmente básico en la construcción de una sociedad de ciudadanos libres.Si reflexionamos sobre la presunción de inocencia como regla de convivencia social, si nos ponemos en el lugar de la persona que denominamos "presunto", advertimos la necesidad imperiosa de que ésta sea respetada a todos los niveles, y sobre todo por los medios de comunicación
En referencia a esto os dejo un articulo de Milagros Pérez Oliva, Defensora del Lector del diario El País, a propósito de las informaciones que se han venido publicando en la prensa regional de Murcia y en la nacional a raíz de la agresión al Consejero de Cultura de la CARM y la detención y posterior libertad de un joven al que identificaron en un principio como su posible agresor.
TRIBUNA: MILAGROS PÉREZ OLIVA
Prisas por encontrar un culpable
La agresión al consejero de Cultura de Murcia desencadena una espiral de crispación. La cobertura informativa se ceba en un joven detenido como sospechoso del ataque
MILAGROS PÉREZ OLIVA 23/01/201
La información de sucesos resulta con frecuencia problemática por la relación de dependencia que tienen los periodistas respecto de la fuente policial, pero si además se produce en un contexto de fuerte tensión política, puede convertirse en un campo de minas del que no resulta fácil salir indemne. No solo puede verse afectada la credibilidad del periodismo sino que también pueden producirse víctimas entre quienes han tenido la mala suerte de atraer los focos mediáticos, como ocurrió con la detención de Diego P. V. en Tenerife en 2009, acusado de la muerte de la hija de su compañera, una niña de tres años. El hombre fue objeto de un injusto linchamiento mediático hasta que se demostró que era inocente.
Una espiral parecida se ha producido con la detención de un joven sospechoso de haber agredido al consejero de Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz, del PP. La detención se produjo el lunes después de que el joven hubiera sido identificado por el consejero como su agresor en una fotografía. El martes la detención era noticia de portada en casi todos los periódicos. Algunos se referían al detenido como "el agresor del consejero de Murcia" y le presentaban como un peligroso extremista de izquierdas. Pero el miércoles la juez lo dejaba en libertad después de que el consejero fuera incapaz de identificarle en una rueda de reconocimiento.
Los titulares de EL PAÍS respetaban la presunción de inocencia, tanto en portada (Interior detiene a un presunto agresor del consejero del PP de Murcia), como en el interior (La detención de un sospechoso de la agresión en Murcia rebaja la tensión). Y en la crónica, el corresponsal Javier Ruiz y el enviado especial Carlos E. Cué se esforzaban por dejar claro que el detenido era solo sospechoso y que tanto amigos como familiares insistían en su inocencia. Pero en el texto se incluían algunos detalles que Óscar Caballero Montero, de Blanes (Girona), considera innecesarios: "No solo se dan nombre y apellidos del que solo es un sospechoso", escribe a la Defensora, "sino que también se publican datos personales, como la población de origen, Baños y Mendigo, y el negocio que da sustento a la familia: la única gasolinera de la población. ¿Le parece a usted correcto que EL PAÍS publique esos datos de un simple sospechoso?", pregunta. "¿Cree que el detenido y su familia van a poder salir indemnes del tratamiento informativo de su diario y otros medios, aunque pudiera ser absuelto de las acusaciones que ahora se le imputan?", insiste el lector.
No. Creo que aunque sea inocente, no saldrá indemne. Ya se ha producido un daño, pero no todos los medios han contribuido por igual.Javier Casqueiro, redactor jefe de la sección de España, sostiene que la cobertura de EL PAÍS ha sido muy comedida: "En todo momento hemos intentado equilibrar al máximo la necesidad de información y el respeto a las vidas privadas, cuando desde muchos medios de comunicación se criminalizaba al detenido y se sacaban consecuencias de la detención. El debate político se había desbordado y la detención ayudó a que el PP cargara todavía más las tintas contra los partidos de izquierda, a los que culpaba, sin pruebas, de la agresión al consejero. Para aclarar ese debate, entendíamos que debíamos dar a los lectores toda la información posible sobre el detenido".
Casqueiro admite que "la crónica incluía un dato claramente innecesario: el de que la familia regentaba una gasolinera. Es un error por el que hay que pedir disculpas, pero no por el resto de la información, que tan solo pretendía ayudar al lector a comprender lo que ocurría en Murcia".
Javier Ruiz explica que él y sus jefes se plantearon si debían dar el nombre completo o solo las iniciales. Se decantaron por lo primero al observar que otros medios divulgaban la identidad. Creo, sin embargo, que este es un mecanismo perverso: sabemos que si revelamos el nombre, y luego es inocente, provocamos un grave daño al detenido, pero si otros lo dan, nos consideramos amparados por esa coartada. El resultado es que el más osado o el menos escrupuloso de los medios acaba arrastrando a los demás. Resistir la fuerza de esa espiral no es fácil, porque todos compiten por dar el máximo de información posible, pero creo que en estos casos deberían utilizarse iniciales y evitar los datos que permitan identificar al detenido, al menos hasta que el juez se pronuncie sobre los indicios de culpabilidad. Hay que tener en cuenta que la propia policía estaba sometida en este caso a una fuerte presión política: la crispación crecía y había prisa por encontrar un culpable.
La prisa y la tensión política contribuyen poderosamente a la cultura de la urgencia en la que con frecuencia nos vemos atrapados y que, si nos coge con la guardia baja, puede dar lugar a titulares como el publicado el día 12: La Guardia Civil detiene a dos etarras pocas horas después del alto el fuego. ¿Etarras? "Es cierto que en el desarrollo de la noticia se habla de presuntos", escribió a la Defensora Juan Luis Corcobado, "pero coincidirá conmigo en que el titular es verdaderamente desafortunado". Absolutamente. En ese titular se daba por hecho que los detenidos eran etarras, cuando solo eran sospechosos y dos días después el juez dejaba en libertad con cargos a la joven porque no estaba clara su relación con ETA.
Las espirales mediáticas de tipo inculpatorio no solo producen un gran sufrimiento en quienes quedan bajo el foco de los medios, sino que puede tener consecuencias irreparables, como ilustra la siguiente historia: el suplemento Domingo publicó el 9 de enero un reportaje titulado No hay quien saque al 'okupante'. En él se explicaba el vía crucis que han de seguir algunos propietarios de pisos para echar a quienes los ocupan ilegalmente y se ilustraba con una foto de archivo: "Un propietario regresa a su piso en Barcelona tras la ocupación del mismo por una familia chilena", decía el pie. En el texto, sin embargo, no figuraba ninguna referencia al caso.
Dolors Comas d'Argemí, ex diputada autonómica y miembro del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), me escribe para aclarar que el caso que muestra la fotografía no es un ejemplo de lo que trata el reportaje, sino de todo lo contrario: "El propietario se llama Carles Veiret, los hechos ocurrieron en 2007 y despertaron una gran expectación mediática. Pero justamente en este caso se demostró que no se había producido ninguna ocupación y el juez lo archivó recriminando al propietario haber ocultado información". Dolors Comas conoce bien lo ocurrido, pues el CAC recibió una queja por el tratamiento informativo de algunos medios. "Era una noticia apetitosa: un aparentemente indefenso propietario que se acababa de separar no podía entrar en su casa, en la calle Urgell, porque la habían ocupado unos chilenos. Durante varios días fue objeto de grandes titulares y se produjo un gran despliegue mediático cuando Veiret entró el piso, momento que recoge la fotografía, lo que fue posible porque los ocupantes se habían ido".
Más tarde, recuerda Dolors Comas, el juez pudo determinar que no se había producido ocupación ilegal, que el denunciante era copropietario del edificio y que los inquilinos eran trabajadores que pagaban el alquiler a la hermana de Veiret. "Pero cuando el juez archivó la causa, ya habían tenido que dejar la casa a causa de la presión mediática y uno de ellos había sido despedido del trabajo cuando el empresario lo identificó en la televisión como uno de los usurpadores. El mal ya estaba hecho". Cuatro años después EL PAÍS volvió a reproducir la fotografía presentando a Veiret como víctima pese a que en la edición de Barcelona se había publicado el desenlace del proceso y también el severo correctivo que el CAC había propinado a los medios. Lo cual demuestra lo fácilmente que caemos una y otra vez en el mismo error.
